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En virtud de la doctrina de la inmunidad soberana del Estado, la regla general es que las entidades, agentes o empleados gubernamentales no son responsables de las lesiones que causen. A menos que dichas lesiones entren dentro de ciertas excepciones. Afortunadamente, la Ley de Reclamaciones por Agravios de California (CTCA) permitiría a los demandantes de las reclamaciones por agravios más comunes presentar demandas en los tribunales civiles. Básicamente, (CTCA) cubre todas las reclamaciones de responsabilidad civil por "daños monetarios". Dichas reclamaciones podrían basarse en negligencias como choques o resbalones y caídas, molestias, agravios intencionados e incumplimiento de contrato. Al igual que la Ley Federal de Agravios, la Ley de Reclamaciones por Agravios de California establece que una agencia o entidad gubernamental es vicariamente responsable de los agravios negligentes o intencionales de sus empleados y agentes, siempre y cuando los actos negligentes u omisiones ocurran dentro del ámbito del empleo de los infractores. Las entidades gubernamentales en California (pueden) incluso ser responsables de las lesiones que son causadas por sus contratistas independientes negligentes. Aquí están algunos de los tipos más comunes de California Tort Claims:

a) Cuando un trabajador del Gobierno de California provoque un accidente de tráfico mientras conduce un vehículo propiedad del Estado u operado por éste.

b) Cuando un profesional sanitario comete una negligencia médica en un centro público.

c) Cuando un Trabajador del Gobierno de California daña o destruye la propiedad de una Víctima.

d) Cuando una Carretera de California no está correctamente diseñada, construida o mantenida, por lo que tales defectos y/o negligencias causan lesiones o daños a la Víctima.

e) Cuando un K-9 (perro) de la Policía u otros animales bajo el mando y control del Gobierno causen lesiones o daños a una Víctima.

f) Cuando un Agente y Empleado del Gobierno de California, como la Policía o la Escuela, causa lesiones a las víctimas de forma intencionada o negligente, etc.

De acuerdo con la Ley de Reclamaciones por Agravios de California (CTCA), antes de que se pueda presentar una demanda en un tribunal civil contra una entidad gubernamental, el demandante (parte perjudicada) debe presentar una reclamación ante el organismo gubernamental correspondiente en un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha en que se produjo el daño. La Administración dispone entonces de 45 días para aceptar, rechazar o intentar negociar un acuerdo. Si el gobierno rechaza total o parcialmente la reclamación, o no responde en el plazo de 45 días, la parte perjudicada tiene derecho a presentar una demanda ante un tribunal civil. Como puede ver, la ventana de tiempo que le permite buscar justicia contra el Gobierno de California es corta y el proceso es muy complejo. Cualquier retraso indebido o pequeños errores podrían causar grandes retrasos o incluso impedir su búsqueda de justicia, ¡para siempre! Si usted ha sido lesionado por un agente del gobierno, oficial, empleado, contratista o lesionado en un edificio del gobierno, deje que Chosen Lawyers los haga pagar.

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La Federal Tort Claims Act es una ley federal promulgada en agosto de 1946. Esta ley permite a los particulares, en circunstancias limitadas, presentar sus reclamaciones por daños y perjuicios contra el Gobierno Federal ante un Tribunal Federal. Dichas indemnizaciones deben excluir los intereses previos a la sentencia o los daños punitivos. Los tribunales federales tienen jurisdicción sobre dichas reclamaciones por daños, pero aplican las leyes del Estado en el que se produjo el acto u omisión ilícitos. Así pues, tanto las leyes federales como las estatales pueden imponer limitaciones a la responsabilidad. Sin embargo, la FTCA no exime los agravios intencionados cometidos por "funcionarios de investigación o encargados de hacer cumplir la ley". El Tribunal Supremo reafirmó esta denominada "salvedad del cumplimiento de la ley" en el caso Millbrook contra Estados Unidos, en el que se permitió a un preso federal interponer una demanda contra Estados Unidos por daños intencionados cometidos por guardias de prisiones federales en el ejercicio de sus funciones. En virtud de la FTCA, una reclamación por agravio contra los Estados Unidos debe presentarse por escrito a la agencia federal correspondiente en el plazo de dos años desde que se produjo el agravio, o prescribirá. 28 U.S.C. § 2401(b).

La FTCA es el "medio exclusivo por el que una parte puede demandar a los Estados Unidos por daños monetarios... en responsabilidad extracontractual" (28 USC § 2679. Exclusividad del recurso: En consecuencia, una acción FTCA "sólo puede interponerse ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos" (28 USC § 1346(b)). PRESCRIPCIÓN: El § 2401(b) de la FTCA establece que la acción debe interponerse "en el plazo de dos años a partir del devengo de la reclamación", o "en el plazo de seis meses a partir de la notificación de denegación definitiva de la reclamación por parte de la agencia". Además, en virtud de la FTCA, "la responsabilidad se determinará de conformidad con la legislación del lugar en que se haya producido el acto o la omisión" (§1346(b)(1)).

La inmunidad soberana es una doctrina jurídica que protege a los actores gubernamentales de la responsabilidad civil y el enjuiciamiento penal.
Existen dos formas de Inmunidad Soberana:

1) Inmunidad de Demanda (también conocida como inmunidad de jurisdicción o adjudicación):
La inmunidad de jurisdicción significa que ni un soberano/jefe de Estado en persona ni ningún representante en rebeldía pueden ser demandados ni objeto de procedimientos judiciales, ni en la mayoría de los foros equivalentes, como en el marco de laudos arbitrales y laudos/indemnizaciones de tribunales;

2) Inmunidad de ejecución:
La inmunidad de ejecución significa que incluso si un demandante tiene éxito de alguna manera contra el soberano o el Estado, la sentencia puede encontrarse sin medios de ejecución.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INMUNIDAD SOBERANA

Durante siglos, el pueblo se ha inclinado ante los Reyes y ha obedecido dócilmente sus decretos dictatoriales. Como resultado de ello, la justicia fue pisoteada para millones de víctimas. La Inmunidad Soberana se creó basándose en el concepto de que "el Rey no puede hacer Mal". El hecho es que durante generaciones los Reyes hicieron males indecibles al pueblo con absoluta impunidad... De hecho, he aquí un extracto de los mandatos ingleses reales: "El Monarca es inmune al arresto en todos los casos; los miembros de la Casa Real son inmunes al arresto en procedimientos civiles. No se puede efectuar ninguna detención "en presencia del Monarca", ni dentro de los "límites" de un Palacio Real. Cuando un Palacio Real se utiliza como residencia (independientemente de si el Monarca vive realmente allí en ese momento), los procesos judiciales no pueden ejecutarse dentro de ese palacio. La Inmunidad Soberana del Gobierno de Estados Unidos es descendiente directa de la Monarquía Inglesa y otras Monarquías Coloniales Europeas.

ESTADOS UNIDOS, LA INMUNIDAD SOBERANA SE DIVIDE EN DOS CATEGORÍAS:

1) Inmunidad absoluta:
La Inmunidad Absoluta protege a los funcionarios públicos de las demandas por sus actos ilícitos, aunque hayan actuado maliciosamente o de mala fe.

2) Inmunidad cualificada:
La inmunidad cualificada sólo exime de responsabilidad a los funcionarios públicos si se cumplen determinadas condiciones, especificadas en la legislación o la jurisprudencia.

Existen varias formas de renunciar a la inmunidad soberana de un agente estatal:

• acuerdo previo por escrito;
• incoar un procedimiento sin invocar la inmunidad;
• someterse a la jurisdicción como demandado en un pleito;
• intervenir o tomar medidas en cualquier pleito (salvo a efectos de reclamar inmunidad).

La Undécima Enmienda concede específicamente inmunidad a los estados frente a demandas de ciudadanos de otros estados, países extranjeros o ciudadanos de países extranjeros ante los tribunales federales. Esta limitación se amplió judicialmente para incluir las demandas de los propios ciudadanos de un estado en Hans v. Louisiana, 134 U.S. 1, 10 S. Ct. 504, 33 L. Ed. 842 (1890).

REGRESIÓN GRADUAL DE LA INMUNIDAD SOBERANA

En 1793, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió a un residente de Carolina del Norte demandar al estado de Georgia por los bienes incautados durante la Revolución Americana. En el siglo XIX, el gobierno federal empezó a reducir su inmunidad soberana en determinados casos. Pero no fue hasta 1946 cuando el Congreso aprobó la Ley de Reclamaciones por Agravios, que permitía demandar a los agentes del gobierno federal por actos torticeros ante un tribunal federal. Estas acciones incluyen demandas por lesiones personales, actos de negligencia y otras reclamaciones que hoy en día se resuelven habitualmente en los tribunales civiles.

El primer paso es averiguar si la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA) se aplica a su tipo de caso. Si una reclamación no está permitida por la FTCA, es probable que la doctrina de la inmunidad soberana impida la demanda.

Hay una serie de casos que no está permitido presentar. He aquí algunos:

a) Los contratistas independientes que contrata el gobierno no pueden ser demandados en virtud de la FTCA; a menos que sean tratados realmente como empleados del gobierno.

b) Una conducta negligente ajena al ámbito laboral no convierte a la administración pública en responsable subsidiaria.

c) Sólo en raras ocasiones y en circunstancias específicas pueden interponerse demandas por delito doloso contra agentes de policía y otros presuntos agentes, funcionarios o empleados de la Administración.

El segundo paso es presentar una reclamación administrativa. Esta reclamación debe presentarse ante el organismo federal que usted considere culpable del acto ilícito que le ha causado el daño. Por ejemplo, si un camión de correos le atropella mientras pasea al perro, su reclamación administrativa debe presentarse ante el Servicio de Correos de Estados Unidos. Su reclamación administrativa también debe incluir un relato detallado de los hechos que causaron los supuestos daños y perjuicios. Tenga en cuenta que el plazo de prescripción federal para este tipo de reclamaciones por daños y perjuicios es de dos años a partir del momento en que se produjo el daño. Después de que usted presente su reclamación, la agencia tiene seis (6) meses para responder en virtud de la FTCA. La agencia a la que usted ha notificado puede estar de acuerdo con su reclamación y pagar parte o la totalidad de sus daños. O puede rechazar su reclamación o negarse a pagar el importe total de los daños y perjuicios que usted cree que merece. En tal caso, dispone de otros seis (6) meses a partir de la fecha en que la agencia envíe por correo la decisión para presentar una demanda contra la agencia.

Si la agencia no se pronuncia sobre su caso en el plazo de seis meses, puede presentar una demanda. Por lo general, su demanda civil se presentará ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del lugar donde usted vive o donde se produjeron la lesión y los daños. Por lo tanto, los tribunales estatales no tienen jurisdicción sobre las demandas federales y no hay indemnizaciones punitivas. No puede solicitar una indemnización superior a la que solicitó en su reclamación administrativa, a menos que existan nuevas pruebas que demuestren el aumento de sus daños.

Una víctima puede demandar al Gobierno Federal por muchos tipos de lesiones y pérdidas causadas por Empleados Federales, siempre que:

a) El empleado federal actuaba en el ejercicio de sus funciones oficiales cuando se produjo la lesión o el daño.

b) El Empleado Federal actuó negligente o intencionadamente para causar la lesión o el daño.

c) La acción u omisión del empleado federal, cuando tenía el deber de actuar, causó efectivamente el daño y/o perjuicio.

Es importante tener en cuenta que una Víctima también puede ser autorizada a demandar al Gobierno Federal, cuando Regulaciones Federales específicas establecen el derecho a presentar una demanda contra algunas agencias y funcionarios. Si usted ha sido lesionado por un agente del gobierno, funcionario, empleado, contratista o lesionado en un edificio del gobierno, permita que Chosen Lawyers los haga pagar. Los Abogados de Chosen Lawyers tienen años de experiencia en llevar a los Malhechores del Gobierno ante la Justicia. Ellos tienen las habilidades para aplastar los impedimentos, los recursos para investigar a fondo y el compromiso de litigar celosamente su caso con todo el peso de la ley. Los abogados de Chosen Lawyers han ayudado a muchas otras personas valientes como usted a obtener justicia, y están listos, dispuestos y capacitados para defender sus derechos, de la manera correcta, ¡ahora mismo!

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